Montevideo, 13 de marzo de 2020
Recientemente, el nuevo gobierno anunció en conferencia de prensa algunas medidas (básicamente económicas), entre las cuales se destacan los ajustes de tarifas de las empresas públicas (UTE, OSE y ANTEL), así como también una rebaja del beneficio de utilizar medios de pago electrónicos para bienes y servicios.
Sin ánimo de polemizar sobre la pertinencia y/o conveniencia de las mismas, queremos sí dejar algunas ideas y reflexiones sobre estas medidas adoptadas y otras cuestiones, que ineludiblemente va a afectar a la mayoría de la población, en especial al colectivo de jubilados y pensionistas que representamos. En primer lugar, este ajuste de tarifas si bien era de esperar que sucediera, terminó siendo superior a lo estimado y previsto, dado que el ajuste fue por encima de la inflación acumulada en el año 2019 (8,79%) y del aumento del índice medio de salarios nominal (8,57%), por el cual ajustan las pasividades. Los aumentos fueron de 10.7% para OSE, 10.5% para UTE y de 9.78% para el caso de ANTEL. Este aumento de las tarifas tiene una doble lectura; por un lado se traslada directamente al costo de vida de las personas, al tratarse en todos los casos de servicios básicos. Por otro lado, provocará un incremento de la inflación por dos caminos, por el efecto directo en los hogares que pagarán más por su consumo de luz, agua y comunicaciones y por el aumento de costos para las empresas productoras de bienes y servicios que, con seguridad, trasladarán el aumento de los costos a precios. A esto deben sumarse las declaraciones posteriores de la ministra de economía, según las cuales no es posible afirmar que estos aumentos de tarifas sean los únicos para este año.
Si bien como mencionamos previamente el aumento de tarifas era esperable, aunque en una magnitud menor, sí causó sorpresa la reducción del beneficio de IVA cuando se utilizan medios de pago electrónicos. Hasta el mes de febrero, cada compra de bienes que se pagaba con tarjeta de débito recibía 4 puntos de reducción de IVA, es decir, en lugar de pagar 22% por ese impuesto, se pagaba 18%. De acuerdo al decreto promulgado por el gobierno, a partir de marzo el descuento se rebaja a la mitad, por lo tanto, en cada compra que se pague con tarjeta de débito el IVA subirá de 18% a 20%. Algo similar ocurrirá con los pagos realizados en restaurantes que se efectúen con tarjeta de crédito. La rebaja de 9% en el IVA pasará a ser de 5%.
Este incremento del IVA castiga principalmente a los hogares de menores ingresos, que son aquellos que destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de bienes y servicios básicos y que tienen menor capacidad de ahorro. A diferencia de otros impuestos como el IASS o el IRPF que gravan directamente según los ingresos de cada persona, en el caso del IVA se aplica el incremento a todos por igual, sin reconocer las evidentes diferencias de ingresos en los distintos sectores de la población. Por otro lado, su efecto es netamente recaudatorio.
A esta situación debemos sumar la brusca suba del dólar con variaciones al alza que, a menos de dos semanas de la asunción del nuevo gobierno, ya superó el 10%, pasando de $39,75 el 28 de febrero pasado a $44,20 el 12 de marzo. Si bien reconocemos que este fenómeno de aumento es global y no solo ocurre en nuestro país, resulta claro que la política económica monetaria aplicada por las nuevas autoridades va alineada a la idea de dejar flotar libremente el dólar y no intervenir para la fijación de su precio. Quizás muchos se pregunten ¿Qué impacto puede tener esto en nuestra vida si nuestros ingresos son en pesos? La respuesta es muy sencilla, la mayoría de los bienes, servicios e insumos para la producción que el Uruguay importa están fijados en dólares, por lo cual esto también impactará en los precios domésticos de esos bienes, así como también lo hará a futuro en la inflación.
Estos factores que mencionamos anteriormente, nos conducen a un tema central y clave que queremos transmitir, y es que lamentablemente si estas medidas y hechos no van acompañados de un ajuste salarial de las y los trabajadores tanto público como privados, que al menos acompase estas subas, vamos a tener pérdida de poder adquisitivo de nuestro único ingreso que son jubilaciones y pensiones. En este sentido, serán fundamentales los pasos que dé el gobierno en los próximos meses en relación a dos asuntos clave; el ajuste de las pasividades mínimas (julio) y las pautas que envíe el poder ejecutivo para la negociación en consejos de salarios. Tenemos presente que tanto el aumento de tarifas como el incremento de los impuestos, en este caso el IVA, golpean muy especialmente a quienes viven de su salario y de su jubilación.
En oportunidad de la reunión que sostuvo ONAJPU con el ministro de trabajo y seguridad social, se le transmitió al jerarca la preocupación por la falta de confirmación ante el reclamo de continuar la política de incrementos a las pasividades mínimas en el mes de julio como ha ocurrido en los últimos años. Por otro lado, se manifestó la necesidad de que los consejos de salarios continúen siendo una herramienta de redistribución del ingreso, lo que nos ha permitido mejorar nuestro poder de compra en los últimos años. Entendemos fundamental, como mínimo, preservar el poder de compra de todos los jubilados y pensionistas.
En definitiva, observamos con preocupación estás primeras medidas del gobierno y estaremos alertas y atentos a como se desarrollaran los acontecimientos, porque como decimos siempre de los conquistado ni un paso atrás. Seguiremos defendiendo todo lo logrado y peleando por continuar con la mejora de la calidad de vida de todos los jubilados y pensionistas que representamos.